Por Alejandro Molle
Desde algunos sectores afines al oficialismo nacional han comenzado a agitar la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional con el único fin de posibilitar a la señora Presidente la posibilidad de presentarse a una nueva contienda electoral. Con la actual letra constitucional le está impedido a la señora Presidenta volver a competir por un nuevo mandato.
La reforma constitucional practicada en 1994 introdujo algunas previsiones que, todavía, no han sido llevadas a cabo, entre ellas, la inscripta como art. 75, inc. 2º. Específicamente determinaba – en relación a impuestos y contribuciones – que mediante “una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”. (segundo párrafo) Además, dicha ley convenio sería originariamente tratada en la Cámara de Senadores, exigiendo para su aprobación la mayoría absoluta de las totalidades de los miembros de cada Cámara. (cuarto párrafo)
Conforme las Disposiciones transitorias determinó que el régimen de coparticipación conforme el Inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996.
Tres años atrás y en estas mismas páginas señalaba que ante la proximidad del recambio de los legisladores nacionales era esperable que tomaran el toro por las astas y compusieran la ley de coparticipación federal que la Constitución había confiado instituir al Congreso de la Nación.
De 1994 a la fecha han transcurrido 18 años. Si, dieciocho años. Ello ha permitido que desde el gobierno de la Nación utilizaran a su total arbitrio fondos públicos y se entrometieran dando respuestas directas a municipios conforme la coloratura o adhesión manifiesta. Con ello inducían a jefes comunales a realizar determinado tipo de obras, sin importarles si en los pueblos y ciudades eran de orden prioritario, y luego de las licitaciones aparecían las empresas de siempre que, por sus estructuras, impedían que pequeñas o medianas empresas del pueblo pudieran ser partícipes…Para muestra sólo basta un botón: el barrio Favaloro que, de la noche a la mañana dejaron plantada la obra y, aún no se vislumbra posibilidad de reanudación, aunque el municipio estaría en condiciones de concluirla apelando al superávit fiscal, fondo sojero, etc. Basta de tanta intromisión del gobierno nacional.
