Por Luciano Demergasso
Jorge Rafael Videla, mercedino, fue el máximo responsable de una gran red de actores sociales que generaron uno de los más grandes atropellos a la condición humana en nuestro país que las páginas de historia registran. (Hubo otros, claro)
La última Dictadura Cívico Militar tuvo, como una mesa, varias patas: eclesiástica, civico-empresarial, militar y mediática.
Cada día, para la salud social, se conocen más escabrosos detalles, como las preocupaciones de la Comisión Nacional de Valores sobre la desaparición de empresarios para robar sus empresas, de Colegios de Abogados que otean complicidad de sus colegiaturas en la desaparición de profesionales o el robo de bebés, algunos hoy Nietos recuperados.
Jorge Rafael Videla no invita, al conocer su muerte, a estar feliz. Jamás. Más bien a estar triste. Una persona de su magnitud, con los atropellos a la condición humana que cometió, merece estar vivo por largos años, para poder continuar juzgándolo, para poder continuar indagando en la historia, para, poder, conocer la verdad plena desde sus protagonistas, esa que él conoció a la perfección.
Muere negándose a declarar por el Plan Cóndor. Encontrado responsable de 504 privaciones ilegales contra la libertad, torturas, secuestros y delitos de lesa humanidad. Muere, como en libros y entrevistas recientemente publicadas, convencido de que había actuado en nombre de la patria, de Dios y la buena moral y ética occidental y cristiana, se despide del mundo sin arrepentirse, pero, más penoso, sin darnos una infinidad de datos que permitirían esclarecer cientos de crímenes, robos, atropellos, muertes y negocios mediáticos empresariales. Se va convencido, defendiendo el genocidio y el terrorismo económico, político, cultural y humano que supo conducir junto a sus cómplices.
