Durante las jornadas de audiencia que se vivieron en la Suprema Corte de Justicia denominadas «Jornada de defensa de la ley que el pueblo escribio» hubo presencia de mercedinos militantes del Frente Mercedino para la Victoria y Casa Joven.
Las voluntades locales lo hicieron en el marco de una serie de movilizaciones y acciones de apoyo a la puesta en marcha de forma plena de la ley de servicios audiovisuales.
Desde la JP de la provincia de Buenos Aires informaron que: «Más de 500 compañeros y compañeras de la JPBA La Cámpora estuvieron presentes en la jornada de “defensa de la ley que el Pueblo escribió” organizada por la Coalición para una Comunicación Democrática y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) frente al Palacios de Tribunales.
Desde las 17 horas los militantes bancaron la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual junto a distintas organizaciones sociales, políticas, artistas y periodistas a la espera de la audiencia pública entre autoridades del Estado y directivos del Grupo Clarín que convocó la Corte Suprema. Con consignas militantes junto a organizaciones de Unidos y Organizados, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los compañeros, pidieron por la plena vigencia de la ley que garantiza la democratización y la libertad de expresión en la Argentina.
Entre los presentes estuvieron el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto, los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Edgardo Depetri, el dirigente Luis D´Elía, el titular de la CTA Hugo Yasky, los músicos Teresa Parodi, Víctor Heredia y Peteco Carabajal; el periodista Carlos Ulanovsky; la actriz Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores junto a Andrea Del Boca.
En el cierre del acto tomó la palabra el presidente del AFSCA Martín Sabbatella, representante del Estado en la audiencia pública, donde destacó la necesidad de tener la plena vigencia de la ley “para que nuestro pueblo pueda expresarse y se le garantice el derecho a la información”. También se refirió a Clarín, denunciante de la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte, como “el grupo que resiste esta ley porque construyó su poderío económico con vínculos con la dictadura militar y el terrorismo de Estado, durante los años 90 extorsionando a los cable operarodes de las provincias y porque utiliza este poder económico y mediático como lo hizo durante décadas para condicional la democracia y extorsionar los poderes públicos”.
