Frente al debate que en la actualidad se está dando sobre la baja en la edad de imputabilidad, desde el Socialismo Mercedino y el MST en el Frente PODEMOS, damos a conocer nuestra postura manifestando que las distintas variantes del PJ (K, Massa, De Narvez) se reagrupan para pedir la baja en la edad de imputablidad y alegrarse por el nombramiento como Ministro de Seguridad de la Provincia a un fiel representante de los varones del conurbano, menemista de la primer hora y amante de la mano dura.
Viendo que la problemática de la inseguridad y la violencia son temas de debate permanente, que según las circunstancias vuelven al debate público, creemos necesario volver a manifestar nuestra posición respecto a este tema, que venimos sosteniendo desde el año 2008, que fuera replicado en 2009, 2010 y 2011 y sigue manteniendo una notable (y lamentable) actualidad.
En primer lugar reafirmamos nuestra total oposición a esta medida y señalamos que la propuesta de bajar la edad de la imputabilidad de los menores no soluciona ni solucionará el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito, sino más bien profundizará la criminalización de la pobreza, eludiendo así las responsabilidades centrales por parte del Estado, las cuales deben garantizar el ejercicio de los derechos de todos los niños y jóvenes. Los culpables de la ‘inseguridad’ no son los estigmatizados niños y jóvenes de los sectores populares, sino las políticas de permanente entrega neocolonial aún vigentes en nuestro país (caso Chevron), las cuales producen que los niños y jóvenes que hoy cometen delitos no puedan tener acceso a derechos humanos básicos como son la educación, la salud y la vivienda, a pesar de los avances logrados en materia social, no han sido solucionados ni mucho menos. La baja de edad de imputabilidad es una tendencia retrograda dentro del derecho y es contrapuesta a la convención internacional sobre los Derechos del Niño, que nuestro país ratificó y tiene rango constitucional a partir de 1994.
La falta de soluciones políticas ante la violación de estos derechos elementales hace que las verdaderas víctimas de la inseguridad de este sistema político-económico perverso pasen a ser victimarios de aquellos que lo impulsaron y festejaron.
No es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición. Las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal como respuesta a la demanda de mayor seguridad ya han fracasado tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. El encierro de jóvenes será, como en la actualidad, en lugares donde se producen violaciones a sus derechos, y donde las condiciones de detención vulneran las garantías más elementales: encierro por más de 20 horas en celdas oscuras; deficiente o nulo acceso a la educación u otras instancias de capacitación; falta o deficiencia en la atención médica y psicológica; alojamiento en celdas colectivas sin ventilación y sin camas; falta de acceso a la justicia; prácticas vejatorias de requisas a los familiares de los detenidos; maltrato físico y psicológico; hacinamiento; precario estado edilicio. Podemos ver que el gobierno provincial en nada concuerda con los pensamientos y sentimientos de los sectores populares, sino todo lo contrario, insiste en la necesidad de la ‘mano dura’ como solución a los problemas de la inseguridad, demostrando que está en defensa de los intereses y reclamos de quienes saquearon a nuestro país por más de 30 años y hoy lo siguen haciendo. Con la misma práctica política, el Gobierno Nacional sigue entregando nuestros recursos estratégicos y subsidiando a las multinacionales, negándole con estas actitudes, oportunidades de bienestar social a todos los niños y jóvenes que hoy no tienen otra salida que delinquir. Con esto podemos ver que, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, no tienen la voluntad política de revertir la situación, que sostiene niveles de pobreza, indigencia e inequidad aún después de siete años de crecimiento económico y que no parece que quiera revertir”.
Creemos que es tan importante el combate al delito como la prevención. Creemos que la criminalidad aumenta con la injusticia social y la exclusión, y que se debe intensificar el rol del Estado en la distribución de riquezas, en la Justicia Social, en la educación en los valores, salud, trabajo y vivienda para todos. Creemos que se debe combatir los núcleos duros de criminalidad en materia de narcotráfico, desarmaderos y trata de personas, comenzando por la propia policía, muchas veces cómplice de redes mafiosas. Creemos, finalmente, que la criminalización de la pobreza y de la protesta social no hace más que profundizar la injusticia, verdadera generadora de la inseguridad. La solución no es fácil ni rápida, pero queda en nosotros no bajar los brazos y seguir luchando por nuestros derechos y el de todos los niños y jóvenes de nuestro país, porque ningún pibe nace chorro.
