Por Eduardo «Wado» De Pedro – Los avances en materia de Derechos Humanos, fruto de la lucha de los organismos y de la decisión política de Néstor y Cristina, se han consolidado como una política de Estado, pero más importante aún, se hicieron carne en el pueblo argentino. 116 nietos recuperados, 570 genocidas condenados y más de 40 centros clandestinos transformados en Espacios para la Memoria, son el resultado palpable de este proceso iniciado en el año 2003.
Existe un consenso amplio sobre la necesidad de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado y Argentina se transformó en ejemplo y referencia internacional en el tema. Los juicios a los represores son observados con atención en diversos lugares del mundo. Pero sin embargo, en el último tiempo, integrantes del Poder Judicial volvieron a mostrar limitaciones o complicidades para con los sectores de poder que intentan detener la llegada de la Justicia a los responsables civiles de la última dictadura cívico-militar.
Las decisiones judiciales que beneficiaron recientemente al empresario Carlos Blaquier; al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot; y a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, investigados por la apropiación de Papel Prensa, no pueden interpretarse como casualidades sino como un intento de restauración de la impunidad que caracterizó la década del 90. Estos hechos encendieron las luces de alerta de la secretaría de Derechos Humanos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y de los organismos que históricamente reclamaron justicia.
Es necesario señalar también que estas noticias se conocen en forma simultánea al nacimiento de una expresión política de la derecha que bajo la forma de una nueva Alianza reúne a los sectores conservadores del empresariado, los medios de comunicación hegemónicos y dirigentes de la oposición. El acuerdo sellado por Mauricio Macri y Ernesto Sanz no puede ser más gráfico en sus intenciones: retroceso en el proceso de industrialización, aumento del endeudamiento externo, ajuste económico y reducción del presupuesto para políticas de inclusión social. Además de un esperable cambio de rumbo en el proceso integración regional y la claudicación en la recuperada soberanía nacional. Y, desde ya, vuelta atrás en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Esto cristaliza un escenario en que por un lado está la Alianza de estos sectores (judiciales, financieros, políticos) y por otro el proyecto iniciado por Néstor Kirchner, que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner.
Este proyecto se afianza en la historia de las luchas populares, se remonta a los Patriotas de la Revolución de Mayo y los héroes de la Independencia, al coraje del Gaucho Rivero, los movimientos populares del siglo XX, la Resistencia Peronista y de los organismos de Derechos Humanos. Banderas de soberanía, igualdad y libertad que el pueblo argentino volvió a levantar a partir del 25 de mayo de 2003.
Todos los que nos sentimos parte de esa herencia histórica de luchas marchamos este 24 de marzo. Somos muchos y cada año somos más.
Para seguir construyendo un país en el que los números cierren pero con la gente adentro, para seguir afianzando este proceso de inclusión social que ya es irreversible, hoy nos vemos en la Plaza.
Nota: Articulo de opinión del Secretario General de la Presidencia publicado en Telam.
