PO / La fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez pone de manifiesto una verdadera crisis de Estado. La impunidad de la fuga, por un lado, y la de sus movimientos posteriores, por el otro, sacaron a la luz los vínculos que unen a los tres condenados con los aparatos políticos, judiciales o represivos que han gobernado la provincia y el país en los últimos años y décadas. En la trayectoria de los prófugos, aparece su papel como “informantes” de la policía bonaerense, con la que compartían los botines de robos y otros delitos. Pero también, sus vínculos con el pejota, con los intendentes del sur del conurbano y con el ex jefe de gabinete K y ex intendente menemista Aníbal Fernández. Al igual que estos dirigentes políticos, los Lanatta frecuentaban a los punteros y barrabravas de los clubes, la misma fuente de reclutamiento de los asesinos de Mariano Ferreyra. Más allá de las conjeturas o detalles, la fuga -y la impunidad posterior- es un resultado inevitable de todo este entrelazamiento. Muy tardíamente, el gobierno de Macri-Vidal ha “descubierto” lo inevitable -a saber, que la policía bonaerense no hará nada por detener a sus ¿ex? socios. En este cuadro, y en medio de la búsqueda de los prófugos, Vidal y Ritondo han iniciado una purga improvisada y parcial de una cúpula policial y del servicio penitenciario a la que habían dejado mayoritariamente intacta.
Ni pueden ni quieren
La delación de los profugados a Aníbal Fernández, en el marco de las PASO de agosto, fue un episodio en la descomposición del kirchnerismo y del pejota. Pero, en ese marco, quedó claro qué tipo de intereses se dirimían en esa interna, a saber, una lucha entre camarillas capitalistas entrelazadas con el delito organizado, la policía, los aparatos políticos y las mafias carcelarias. Si el flamante gobierno macrista es incapaz de vérselas con ese cuadro, es por la sencilla razón de que él mismo es parte de ese régimen descompuesto. Ritondo, el nuevo jefe de la “seguridad” bonaerense, fue compañero de Aníbal Fernández en el gobierno de Eduardo Duhalde, a quien la hoy macrista Carrió acusó de ser “el mayor respons! able político de la droga en el país”. Ya en el gobierno PRO de la Capital, el mismo Ritondo protagonizó varios aprietes, en este caso, al mando de la barrabrava de Nueva Chicago. Pero si de impunidad se trata, el mayor beneficiario de ella en estos días ha sido el propio Mauricio Macri, a quien la justicia acaba de desprocesar en la causa que lo involucraba en una red de escuchas telefónicas contra parientes y dirigentes opositores en la Ciudad. Así, el mismo juez que procesó al ex comisario Fino Palacios por comandar una asociación ilícita de espionaje y delación en las entrañas del Estado porteño, ha perdonado a su jefe, o sea, a quien nombró a Palacios, primero, al frente de la seguridad del Club Boca Juniors y, después, al mando de la “seguridad” en la Ciudad. “Barras”, narcos, delatores, aparatos policiales y judiciales garantizando impunidad, este es el hilo conductor de un Estado y un régimen que comparte la podredumbre de sus mandantes, o sea, los grupos capitalistas que han confiscado a los trabajadores y al país en su beneficio. Es a esta red corrupta que el gobierno entrante le delega la seguridad porteña, mediante el traspaso de la Federal a la órbita de la Ciudad. Si los Macri o Vidal no pueden con ese Estado sospechado, es porque forman parte de él.
Es necesario que los trabajadores y la ciudadanía perciban el verdadero alcance de la crisis política abierta con este episodio -sólo en apariencia policial. No hay un enfrentamiento entre “mafiosos” y “legales”, sino una fractura al interior de un régimen descompuesto. Planteamos: desmantelamiento del aparato represivo, de sus cúpulas y responsables.Por la apertura de los archivos de las fuerzas de “seguridad” e inteligencia, para una investigación integral de los casos de gatillo fácil, de las redes de trata, del entrelazamiento con el delito y la represión contra el movimiento popular. Por la elección popular de los jueces. Reclamamos la interpelación legislativa a Vidal, Ritondo y todos los miembros del gabinete involucrados en la crisis. Llamamos a las organizaci! ones obreras combativas, de la juventud y al movimiento popular que ha luchado contra la impunidad estatal y por las libertades a intervenir en esta crisis con un programa y una perspectiva propios.
Partido Obrero
