La audiencia pública convocada por el gobierno bonaerense para debatir la suba de la tarifa de electricidad en las empresas que prestan servicio en la provincia, se llevó a cabo bajo un fuerte operativo policial en un gimnasio cubierto del Estadio José María Minella de la Ciudad de Mar del Plata, con fuertes discrepancias entre las empresas y los representantes de los usuarios.
Los directivos de las distribuidoras de electricidad defendieron los aumentos, mientras que los representantes de las entidades que representan a los usuarios advirtieron sobre el «impacto negativo del tarifazo» en los bolsillos de los consumidores.
La audiencia fue el jueves pasado, y en representación de los usuarios del partido de Mercedes estuvo en la localidad balnearia el titular de la OMIC Mercedes, Martín Boragno.
A través de una comunicación enviada a los medios de comunicación de la ciudad, Boragno destacó que la audiencia pública no debería haberse hecho porque «no abastecía los recaudos de legalidad necesarios». «El artículo 2 de la ley 13259 la define como una ‘instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de decisión administrativa’; la convocatoria efectuada por la Resolución 166/16 no resulta suficiente para constituir tal objetivo», explicó.
«Tal objetivo de participación ciudadana se debe nutrir de preceptos constitucionales sobre todo en lo referente a garantizar los derechos de ‘protección de los intereses económicos de los usuarios’, ‘información adecuada y veraz’ y condiciones de trato ‘equitativo y digno’ receptados en los artículos 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Provincial. Es de toda evidencia que tales garantías de participación no resultan cumplidas cuando sólo se realiza una sola audiencia pública en toda la provincia, en época de receso invernal y sin contar con los antecedentes necesarios con antelación», expresó Boragno.
La resolución 166/16 dio origen a esta Audiencia Pública que «también esta viciada dado que se realiza con posterioridad a la Resolución Ministerial nº 22 que establece las tarifas hoy objeto de debate, ello convierte solo a esta audiencia en solo una formalidad, no solo por su carácter voluntario, sino porque no se prevé mecanismo administrativo alguno que prevea tener en cuenta lo debatido aquí para integrar una nueva resolución tarifaria, lo que convierte el procedimiento desde su origen en nulo», agrega.
«No obstante, confiando más en la honorabilidad de las autoridades que llevaron a cabo la audiencia y entendiendo que actuarán de buena fe modificando lo que sea razonablemente observado por los participantes, paso a detallar las dificultades que observamos en la cotidianidad del trato con los usuarios en la OMIC del Municipio de Mercedes», dice Boragno para luego hablar de la Tarifa Sccial y la necesidad de crear una nueva categoría para las instituciones de bien público, clubes, centros de jubilados e instituciones educativas.
«Estas Entidades cumplen un rol social fundamental en nuestra comunidad cobrando una cuota mínima a sus socios y siendo subsidiados en lo posible por el Municipio. Muchos de ellos en invierno dependen del suministro eléctrico», destaca y agrega también propuestas de modificaciones en las exclusiones de beneficiarios.
A modo de conclusión, el referente de la OMIC Mercedes explicó que «se dejó en manos del presidente del organismo la posición de la resolución del HCD, a instancia del proyecto de la concejala Mariana San Martín y aprobada por unanimidad por el honorable cuerpo e instruido por el intendente para fijar la presente postura. En términos generales y para finalizar, la Municipalidad de Mercedes desea se presente un nuevo cuadro tarifario, que no contemple el tarifario de la resolución ministerial 22 que significó un tarifazo para los usuarios residenciales del 100 a 120 por ciento, para los comercios del 160 al 180 por ciento y del 200 para el sector industrial. Sobre el final de la audiencia publica la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió los efectos del fallo de Arias hasta tanto decida sobre la anulación definitiva del tarifazo. Así, el Gobierno podría, de manera precaria, autorizar a facturar».
