La Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Militar, la Comisión Municipal por la Memoria y la Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes manifiestan su más enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló a favor de la impunidad de los genocidas aprobando por mayoría el beneficio del 2×1 para el genocida Muiña, integrante del grupo de tareas llamado Swat, patota que operaba en el hospital Posadas, donde se floreaban armados por los pasillos, secuestraban, torturaban y desaparecían médicos, enfermeros, trabajadores del hospital y vecinos del barrio, y que fuera condenado a 13 años de prisión efectiva en cárcel común por fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de 2011, que quedó firme en 2013.
Los organismos de Derechos Humanos de la Ciudad de Mercedes consideramos, por un lado, que el beneficio del 2×1, conforme a las leyes vigentes entre 1994 y 2001, fue implementado para paliar la situación de los presos comunes, que sobrellevaban condiciones inhumanas de detención en el sistema carcelario argentino, siendo inaceptable su aplicación para los casos de juzgamiento y condena de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un plan y exterminio masivo y sistemático, perpetrado en contra de un grupo parcial de la Nación Argentina e implementado por el Estado terrorista de la dictadura cívico-militar, que tenía por objeto el disciplinamiento de la sociedad nacional en su conjunto.
Este fallo de la Corte forma parte de una política llevada adelante por el gobierno nacional, impulsada desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su titular Claudio Avruj, quien apenas asumió en su cargo mantuvo sendas reuniones con los defensores y familiares de genocidas, promoviendo una política de desaceleración y/o paralización de los juicios, otorgamiento de prisiones domiciliarias y traslado de los detenidos a Campo de Mayo, conjuntamente con el vaciamiento de los organismos de Derechos Humanos y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Estas políticas son apoyadas por una campaña comunicacional, llevada a cabo por medios afines, que banaliza el genocidio reinstalando la teoría de los dos demonios y de la guerra sucia, poniendo en duda el número de desaparecidos, desprestigiando a los Organismos de Derechos Humanos y sus luchas y promoviendo agresiones a los sitios de Memoria.
Por lo antedicho, y en cumplimiento de las Convenciones Internacionales incorporadas desde 1994 a la Constitución Nacional y de las leyes, exigimos que los genocidas cumplan sus condenas en cárcel común, la continuidad y aceleramiento de los juicios y la profundización de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Repudiamos enérgicamente el Fallo de la Corte Suprema y declaramos que LOS DESAPARECIDOS SON 30.000, que en la Argentina no hubo una “guerra” sino un genocidio, que tal como se ha establecido en el informe de la CONADEP, conocido públicamente como “Nunca Más”, la mayor parte de los desaparecidos y asesinados por la dictadura genocida fueron trabajadores, estudiantes, profesionales, periodistas, artistas o amas de casa, que los genocidas cometieron delitos aberrantes como el secuestro, la reclusión en centros clandestinos, la tortura, y la sustitución de la identidad de hijos de desaparecidos, entre otras tantas violaciones a los Derechos Humanos llevadas a cabo en el marco de un plan sistemático implementado por el Estado terrorista.
No perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos.
Juicio y Castigo a los genocidas.
Memoria, Verdad y Justicia.
Firman: Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Militar. Comisión Municipal por la Memoria. Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes.
