Un grupo de trabajadores de la fábrica Aceros Borroni se movilizó para ser parte de la investigación que se está llevando a cabo para establecer si los dirigentes de la UOM Mercedes incurrieron en algún delito al impedirles el ingreso a la planta. Vale recordar que la semana anterior vivió un fuerte conflicto de índole gremial, que duró cinco días hasta que se dictó la conciliación obligatoria. La medida tomó notoriedad por el modo de reclamo adoptado de colocar una carpa de vigilia y la permanencia constante de un importante número de personas entre fogones, bombos y petardos; impidiendo la entrada y salida de camiones y también de todo personal de la planta.
Ya la semana pasada, alrededor de cincuenta trabajadores de la fábrica acudieron a distintos estamentos a plantear su desacuerdo con la medida y su decisión de ingresar a la planta a desempeñar su trabajo. Más grande fue su preocupación al tomar conocimiento de que la medida adoptada, si bien no era ilegal, no cumplió los pasos legales correspondientes y podrían ser pasibles de algún descuento en su haber por la falta de notificación de parte del gremio a la fábrica, y hasta el impedimento al ingreso de trabajadores que no estaban afiliados a la UOM.
Con la conciliación obligatoria las aguas se calmaron, pero el conflicto sigue latente. Máxime expresiones recientes en los medios locales del secretario general del gremio, Humberto Perdiguero quien aseguró que de no llegar a un acuerdo al finalizar la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo volverían a movilizarse.
Esta semana, los trabajadores buscaron un representante legal y solicitaron el patrocinio del doctor Ariel Fusco, quien se presentó como particular damnificado ante el Juzgado de Garantías N° 3.
“Creemos que hay un accionar ilícito”
En diálogo con la prensa el doctor Fusco señaló que “la denuncia la realizó el gerente de la planta Borroni la semana pasada y un grupo importante de trabajadores. Algunos de estos trabajadores me contactaron para que los represente ya que están en desacuerdo con el accionar del gremio. Les planteé la posibilidad de presentarse como particular damnificado en el contexto del interés que ellos tienen que es evitar que –una vez cumplido el plazo de la conciliación obligatoria- vuelva a ocurrir lo mismo”.
Sobre la situación y en base a su experiencia, Fusco consideró que “el tenor del conflicto no justificaría a mi entender lo que el gremio está haciendo. Es por ello que consideramos que hay un accionar ilícito, que si bien deberá calificar el fiscal, se puede hablar desde extorsión hasta amenazas y daños de la propiedad. A su vez, todo eso generó que se ponga en riesgo la fuente de trabajo de los trabajadores, la integralidad de sus haberes porque los llevaron a no trabajar durante cinco días sin que haya una medida de fuerza legal vigente. Y en ello se configuran como particulares damnificados y a la vez víctima del delito”.
Un importante número de trabajadores se unieron para accionar sobre lo que estaba ocurriendo, siendo una medida de acción sindical con la que estaban en desacuerdo. Es por ello también que comenzaron a desafiliarse.
“Los trabajadores sufrieron todo este conflicto, no estaban de acuerdo con las medidas adoptadas y no las entendían. Ese desacuerdo se traducía en dos cosas: no querer que esto vuelva a ocurrir más aún si se determinara que se trató de un accionar ilícito y por ello acompañan la denuncia realizada por la empresa; fueron intimidados, agredidos – al igual que el establecimiento – y quieren que se de un marco de legalidad”, señaló Fusco y agregó que “entienden que el conflicto que origina todo esto no es un conflicto colectivo que requiera la intervención del sindicato. Por un lado hay un conflicto individual que tendría cierta causa pero que debe dirimirse en un Tribunal de Trabajo para ver si hubo un mal despido o no. Y por otro lado, dos motivos que argumenta el sindicato que parecieran ser inventados para generar un conflicto. El sindicato pidió a la empresa un premio extraordinario, que no existe, la empresa planteó que no está en condiciones y no tiene obligación, y de ese punto de vista puede caerse el argumento. Y el otro tema es un error en la liquidación que en promedio no excede los 50 pesos por trabajador, que la empresa reconoció y aseguró que la van a abonar”.
Para Fusco, “no es un conflicto que tenga que llegar a estas medidas. Evidentemente tiene otro trasfondo, o es político, o desconozco hacia dónde se quiere llegar. Lo que sin dudas es extorsivo, y por lo tanto debe ser condenado”.
Las denuncias por amenazas y daños las realizaron la semana pasada ante la Unidad de Instrucción Fiscal N° 2 a cargo del doctor Leandro Marquiegui. Se realizaron algunas medidas preventivas, con presencia policial en la fábrica durante los últimos días del conflicto. Restará ahora si el Juzgado de Garantías N° 3 acepta la participación del letrado en la causa, para poder colaborar en la investigación que se está desarrollando.
“Hay que tener en claro que la medida que se tomó, de una forma tan drástica y que no existe en la Constitución Nacional ni en las leyes laborales, porque el derecho a huelga está reconocido pero tiene requisitos que se deben cumplimentar, como el caso de la comunicación al Ministerio de Trabajo y al empleador cosa que la UOM no hizo la semana pasada. Lo que hizo fue parapetarse, incluso con gente de afuera y que no tiene nada que ver con la empresa, para impedir el ingreso de los que querían entrar a trabajar. Y eso agrede la fuente de trabajo de las personas que yo represento”, concluyó.
