El diputado nacional Carlos Selva fue parte del debate en el que se aprobó la nueva reforma jubilatoria. Cuestionó la violencia, la represión y a la corporación mediática. “La voluntad popular es malinterpretada”, sostuvo.
El diputado nacional Carlos Selva, del Frente UNA, fue uno de los legisladores que participó en la maratónica sesión en la que finalmente se aprobó la reforma jubilatoria, tras una nueva jornada de violencia en las calles y un acuerdo con gobernadores del peronismo por un bono compensatorio. El proyecto fue aprobado al cabo de una accidentada y maratónica sesión con 127 votos afirmativos, 116 negativos y 2 abstenciones. El oficialismo reunió con facilidad el quórum, pero tuvo que soportar una seguidilla de planteos de la oposición. La sesión duró 17 horas. Selva tuvo la posibilidad de expresarse y cuestionó –entre otros puntos– la violencia, la represión y a la corporación mediática.
“Cuando uno viene a una sesión de estas características es con un pensamiento en base al criterio que se ha formado al escuchar con la gente. Hay quienes pueden hablar con más solvencia que yo con respecto a la seguridad social”, dijo en principio y destacó que con el correr del tiempo “los hechos fueron cambiando”: “El tema por el que fuimos convocados es el tratamiento de la ley, y es imposible dejar afuera el análisis del contexto de la realidad de Argentina, no solo de las afueras del congreso. A lo largo y a lo ancho del país, desde el pueblo más chico de la provincia de Buenos Aires a otros del interior hubo expresiones espontáneas de la sociedad civil que reacciona de esa forma cuando le afectan sus intereses y se siente defraudada”, reconoció Selva.
“Aquí se discute cómo solucionar los temas fiscales, hemos tenido la oportunidad de ver cómo se encaraban algunas de las propuestas hechas en las campañas electorales tanto en 2013 como en 2015 y la valoración que se hace de una mirada de cómo generar empleo. Hoy el mundo discute mecanismos para mejorar la economía pero está planteando, por suerte, al ser como destino de las políticas públicas, más allá de la robótica y la modernización. Pero hoy cuando en la Argentina discutimos una ley Pyme el gobierno dinamita las economías regionales con un tarifazo. Muchos sectores no pueden esperar el análisis para después atemperar las consecuencias que se toman. Acá el 75 por ciento del PBI llega al Estado nacional, el 22 a las provincias y solamente el 3 a los municipios y ahí está cerrada una gran parte de la discusión”, objetó Selva desde su banca.
Por otra parte, el diputado refirió que no se interpretó la ley 27.260 que marcaba que se tenía que crear el Consejo de Sustentabilidad del Sistema Previsional. “Se planteó una urgencia que no nos ha sido demostrada y lo lógico era buscar un consenso social para definir de qué forma se encaraba esta reforma. Pero no se hizo así y la intención es avasallar. Hemos vivido situaciones de violencia y el gobierno a través de las corporación mediática trató de enfocar que la única situación de violencia que se dio fue en este recinto, pero cando se estaba tratando el proyecto que había venido del Senado corría por el costado la firma y eso hacía sentir a todos los que estaban exponiendo que era una tontera ante una decisión tomada”, indicó.
Además expuso que el pasado jueves “se vivió un ataque a mansalva para reprimir, un vallado de esta área y reacciones que se vieron situaciones donde todavía ninguno de los miembros del bloque oficialista pidió disculpas a los diputados ni a la gente agredida”.
También planteó lo que a su entender fue un “abuso de la presencia policial”: “El remate que se dio hoy cuando a la gente que se movilizaba la paraban y le pedían documentos y revisaban en los colectivos. Eso es generar violencia. Eso es intimidación, uso del poder, cerrarse en una situación absoluta”, dijo Selva.
“La voluntad popular es malinterpretada”, sostuvo Selva pero dijo que “la Constitución es sabia” y que esta “delega en el Senado de la Nación la representatividad de las provincias”: “Hay mucho para opinar de cómo se ha establecido esa representatividad porque no ha sido genuina, hubo coerción y quedó demostrado. Pero nosotros somos la otra parte y representamos al pueblo y el mensaje dado al oficialismo es este: preguntarle qué pensaría el pueblo si tuviera que debatir esta ley, a quién quisiera de presidente de la Comisión de Previsión Social, si a Eduardo Amadeo o a Mirta Tundis”, completó el diputado.
Un rechazo insuficiente
Lo cierto es que en una de las sesiones más tensas de las que se tenga memoria, el interbloque Cambiemos clausuró el capítulo más importante de la ola reformista y logró convertir en ley el cambio en el cálculo de las jubilaciones. El proyecto que ya había aprobado el Senado obtuvo 127 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones. Fue tras una sesión maratónica -casi 17 horas-, donde el oficialismo consiguió el apoyo vital de Argentina Federal, el interbloque base de los diputados que representan a los gobernadores peronistas. Los mismos que, minutos antes del debate, se fotografiaron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para sellar el acuerdo sobre la nueva fórmula jubilatoria.
Tras acordar un bono para compensar la merma trimestral que generaba la nueva ley, los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) garantizaron los votos de sus diputados. El rechazo del Frente para la Victoria-PJ, el massismo, la izquierda y otras fuerzas fue enérgico y cerrado. Pero no suficiente.
Con la flamante ley, el nuevo cálculo de las jubilaciones se hará en base al índice inflacionario (70%) y a la variación salarial (30%). Dado que la actualización será cada tres meses en lugar de cada seis, los jubilados que cobren menos de 10 mil pesos -más del 70% del total- cobrarán un plus por única vez en marzo, para compensar el “empalme”. Además, la norma garantiza el 82% móvil para los haberes que estén por debajo del salario mínimo, y habilita a trabajadores del sector privado, tanto hombres como mujeres, a jubilarse por opción a los 70 años.
Fuente: Carlos Selva Web
