El intendente Juan Ignacio Ustarroz firmó un decreto para evitar el desembarco de la cadena Farmacity en Mercedes, luego de coincidir con los representantes del Colegio de Farmacéuticos local en la necesidad de defender los intereses colectivos de la ciudad, impedir la formación de un monopolio, pelear contra la competencia desleal y evitar un deterioro en el mercado interno.
Ante la posibilidad concreta del desembarco en la provincia de Farmacity (creada por el actual vicejefe de gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana), a pesar de que una ley lo prohíbe, el intendente mantuvo una enriquecedora reunión con integrantes del Colegio de Farmacéuticos de Mercedes, entre ellos su presidenta Claudia Damonte, y firmó el decreto 517. “No solo representa una protección para las 39 farmacias y las 100 familias mercedinas que trabajan en el rubro, sino también para los muchos kioscos y muchas perfumerías de la ciudad”, dijo Ustarroz.
Damonte, por su parte, apuntó: “Queremos que las condiciones bajo las que se presente Farmacity sean ni más ni menos las que determina la ley. Que garantiza, entre otras cosas, el acceso a la medicación, algo que no se cumple con esta empresa. Sería muy malo que dejen de lado la ley vigente en la Provincia para beneficiar a personas que están en el poder”.
“En la Ciudad de Buenos Aires -recordó-, por cada sucursal de Farmacity que se abrió se cerraron nueve farmacias. Es fácil de imaginar lo que significaría para Mercedes la llegada de esta firma”.
Ustarroz resumió los argumentos del decreto en una frase: “Vamos a hacer, siempre, una defensa irrestricta de los intereses de los mercedinos. Y esto sin contar algo básico y muy grave: la empresa pretende vulnerar una ley para satisfacer sus objetivos”.
“En este caso es totalmente comprensible la preocupación no solo de los farmacéuticos, algunos de los cuales llevan generaciones enteras con sus locales, sino también de kioscos y perfumerías -agregó-. Ya tuvieron que afrontar los aumentos brutales en los servicios y poner todo su esfuerzo en la conservación de sus comercios, y ahora debían convivir con esta amenaza de la llegada de una cadena que apunta claramente al monopolio. De ninguna manera podemos permitir que se pongan en riesgo tantas fuentes de trabajo en nuestra ciudad”, explicó.
Según el intendente, “el Estado tiene la obligación de intervenir en nombre de los intereses colectivos. No se puede favorecer a alguien si eso significa, al mismo tiempo, un perjuicio para muchos. La ley hace justamente eso, y Farmacity pretende vulnerarla”.
“No es solo farmacias, kioscos o perfumerías -cerró-. Cada uno de los negocios de los vecinos de Mercedes forma parte de la cadena de nuestro mercado interno y sostiene nuestra economía. La llegada de un monopolio de las características de Farmacity provocaría un golpe: porque será el cierre de muchísimos negocios y la pérdida de muchísimos puestos de trabajo, y porque la mayor parte del dinero que los mercedinos gasten allí se la llevarían a otro lado”.
– LA HISTORIA –
Desde hace varios años, Farmacity lleva sucesivos rechazos en distintas instancias judiciales -inclusive una resolución de la Suprema Corte provincial-, para su planteo de desembarcar en todo el territorio bonaerense. Una ley, la 10.606, se lo prohíbe porque la empresa va en sentido contrario del modelo sanitarista actual, para el que el medicamento es un bien social y de uso racional. Además, según la norma actual y entre otras cosas, el comercio no puede ser una sociedad anónima y debe ser atendido por un profesional farmacéutico.
Sin embargo, desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, los embates de la empresa se acentuaron con fuerza. No es casual: uno de sus fundadores de Farmacity es el actual vicejefe de gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana; y uno de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia (a la que llegó el caso), Carlos Rosenkratz, fue apoderado legal de la firma.
Hace pocos días, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen a favor de Farmacity. Y aunque no es vinculante sí resulta un antecedente de peso para la Corte Suprema. De inmediato el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires se puso en estado de alerta.
Dos últimos datos: la Procuración está a cargo interinamente de Eduardo Casal, quien días atrás designó a dedo al fiscal Gerardo Pollicita (quien trabajó estrechamente con Mauricio Macri en Boca Juniors) a cargo de la causa por la millonaria deuda que el presidente y su familia tienen con el Estado Nacional por la concesión del Correo Argentino (70 mil millones de pesos).
Una vez conocido el dictamen de la Procuración, Mario Quintana, quien había renunciado a la presidencia de Farmacity en 2016 “para evitar un conflicto de intereses”, puso a la venta su parte de la empresa con el mismo argumento. La realidad marca otra cosa: la posibilidad concreta de desembarcar en la provincia de Buenos Aires multiplicó el valor de las acciones de la firma.
Fuente: MM, HM y entrevistas radiales
