Por Cristián Frers* – La expansión, diversificación y mayor impacto del ambientalismo social son aspectos de una agenda ambiental. Si bien esta cuestión hoy en día no es una prioridad, es innegable que tiene una fuerte presencia en el debate público y que constituye una preocupación generalizada entre actores estatales y sociales. Unos y otros no acuerdan sobre qué debería hacerse. Pero, tanto en el ámbito estatal como en el social, cada vez son más quienes entienden que la cuestión ambiental requiere con urgencia ser objeto de una política pública.
Esta es la propuesta que se tenía desde el PRO – CAMBIEMOS en relación al Medio Ambiente en el 2015: “Tenemos proyectado duplicar la cantidad de áreas bajo jurisdicción de Parques Nacionales. La Argentina tiene un déficit muy grande en relación con los compromisos que asumió en la Convención de Biodiversidad. En la protección de los bosques nativos, debería ser de alta prioridad la correcta aplicación de la Ley de Bosques. Las cuencas necesitan generar sistemas de gestión para una administración ambiental y comprometida socialmente. Para una fuerte política de modernización en el sistema industrial, en el control ambiental y monitoreo y un impulso de las industrias con sistemas de producción limpia. Se requiere también programas de ayuda técnica y líneas de crédito para que las industrias puedan afrontar el proceso eólico. Su potencial supera cincuenta veces el consumo eléctrico del país. El plan es producir un despegue del sector renovable en materia de empleo, inversiones y desarrollo industrial durante los próximos cuatro años”… ¿Algo de esto se cumplió?
Argentina es un país lleno de riquezas naturales. Desde las Cataratas del Iguazú hasta los Glaciares patagónicos se multiplican los atractivos naturales que cotidianamente son apreciados por centenares de personas.
Sin embargo, el impulso productivo de algunos sectores económicos hace que sea necesario darle una protección a todos los temas que involucren al medio ambiente: bosques, glaciares, residuos, energía, flora y fauna, que son sólo algunos de los puntos que deberían ser regulados.
El problema radica menos en la ausencia de normas ambientales que en la falta de implementación y cumplimiento de las reglas existentes.
El proceso de ordenamiento ambiental deben tener en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, debiendo asegurar el uso adecuado de sus recursos.
Una política de Estado requiere coherencia, lo cual supone la subordinación de las diversas políticas en juego a una concepción estratégica estatal. La política del ecosistema se encuentra lejos de mostrar ese atributo, y resulta necesario contar con una agencia ejecutiva nacional, capaz de elaborar una estrategia de largo plazo y de sostener una política del entorno nacional que cumpla con los objetivos declarados.
La naturaleza necesita de políticas, iniciativas y programas que abarquen los desafíos que hoy enfrenta el país, pero aquí pasa a ser un tema más dentro de una larga lista de promesas. Es una decisión de toda la dirigencia renunciar a los problemas de fondo. Es hora de que todos lo incluyamos en nuestra agenda.
Existe ausencia de políticas sustentables que traten los problemas actuales; sólo se emparcha y de esta manera no se avanza. El problema no son las leyes en sí sino cumplirlas. En muchos casos son imposibles aplicarlas, o nadie las controla.
Los seres humanos debemos preocuparnos por el desarrollo sustentable. Tenemos derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. De otra forma solamente sobreviviremos.
*Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
