Cristian Frers* – El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgos de daño a su salud derivados de las continuas aplicaciones de agro tóxicos.
Muchas denuncias dan cuenta de la situación que afecta gravemente a las comunidades educativas rurales. Es alarmante que quienes explotan las producciones agro biotecnológicas no tienen reparos en contratar aviones de vuelo rasante y mosquitos para fumigar mientras a unos pocos metros aprenden, enseñan, juegan, o izan la bandera.
La polémica entre los estudios que postulan la inocuidad de los agros tóxicos contra aquellos que advierten los peligros a los que nos exponen, es inerte cuando advertimos que quienes financian los primeros son las mismas empresas que los producen; y quienes llevan adelante los segundos son universidades públicas.
Numerosos estudios de universidades públicas hallan conexiones entre los agro tóxicos y el aumento de distintos problemas de salud en las poblaciones cercanas a las explotaciones agroindustriales.
Millones de litros de herbicidas (en particular Glifosato -GLY- y Atrazina -ATZ-) son rociados sistemáticamente sobre tierras, aguas, y hasta poblaciones. Se ha querido restringir estas acciones, no siempre con éxito y no siempre a conciencia de que las derivas de esas sustancias son impredecibles. El discurso de las «buenas prácticas agrícolas» no sólo omite estas cosas, sino que de suyo, dejan bien en claro que durante más de 50 años los promotores de este modelo, hacían «malas prácticas agrícolas» sin siquiera pedir disculpas por ello
12 de marzo del 2019 una avioneta fumigó por encima de una escuela rural en Exaltación de la Cruz cuando docentes y alumnos se encontraban en el establecimiento, razón por la cual decidieron suspender las clases.
El municipio a cargo de Adrián Sánchez reaccionó con una infracción hacia el productor responsable de la avioneta y no efectuó ningún tipo de denuncia pese a poner en riesgo la vida de muchas personas… El tema es que está prohibido y tendría que haber llevado a cabo la denuncia correspondiente.
Este año, la docente rural Ana Zabaloy falleció de cáncer debido a la incidencia que los agro tóxicos habían tenido en su cuerpo durante el desarrollo de su profesión en una escuela de San Antonio de Areco.
Esta directora se había convertido en una eminencia de la temática por su férrea lucha que la llevó a protagonizar una inmensidad de charlas y eventos en todo el país.
Es menester que el Estado actué en pos del garantizar el interés superior del niño, niña o adolescente frente a otros derechos; y generar las medidas acordes para respetar la Ley General del Ambiente 25.675; y la Ley de Educación Nacional 26.206 que tiene entre sus objetivos el garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley Nº 26.061. Sin embargo, la resolución del Ministro Leonardo Sarquis que comienzo a regir desde enero de 2019, va a contramano.
El gobierno de María Eugenia Vidaldio marcha atrás con la Resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria que permitía la fumigación con agrotóxicos en zonas de escuelas rurales sin fijar distancias mínimas ni regulación alguna. Se emitió una nueva Resolución que modifica el artículo 5 de la resolución y quedó redactada de la siguiente forma: «Abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural».
Sin embargo, en abril de este año, el Presidente Mauricio Macri, en su visita a la ciudad de Gualeguaychu – Provincia de Entre Ríos despertó una serie de reacciones y críticas, el presidente cuestiono el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anulo el decreto que permitía las fumigaciones con agro tóxicos “Es irresponsable. La ley de distancia de fumigación vigente es absurda” y continuo “Esto pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial de la provincia. El fallo no se basa en ningún rigor científico”… Si lo hizo, se equivocó.
Desde distintas organizaciones socioambientales ya se anticiparon planteos judiciales por la derogación de esta peligrosa decisión provincial, que pone en riesgo la salud de miles de habitantes de las zonas rurales.
*Cristian Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
