El letrado Fabián Maggi explicó que tanto el Municipio como la Provincia tienen grados de responsabilidad en la factibilidad y habilitación de la empresa. Presentó la petición de los vecinos como particulares damnificados.
Los vecinos de La Verde mantienen su preocupación ante lo sucedido el pasado 27 de septiembre. A medida que pasan los días, observan cómo la remediación no se concreta y pidieron estar como particulares damnificados en la causa que investiga la Fiscalía de Mercedes.
A través de distintos diálogos con los medios de comunicación de la ciudad, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Dr. Fabián Maggi, hizo referencia a la causa y al pedido de los vecinos que representa para que se encuentren los responsables penales y civiles del hecho.
Días atrás, el abogado Maggi se hizo presente en el Juzgado de Garantías que entiende la causa y tuvo la oportunidad de examinar los dos cuerpos que tiene el expediente penal. “Hemos corroborado las sospechas que había en cuanto a que el caso está envuelto en una serie de graves irregularidades”, dijo el letrado en una entrevista realizada días atrás en FM Santa María.
En otra entrevista realizada en la mañana del martes en FM Universo, el abogado aseguró que “la empresa no estaría habilitada conforme a la reglamentación vigente”. De acuerdo a la explicación brindada ante los micrófonos vía telefónica, el Dr. Maggi dijo que “se cubrió la instancia municipal” aunque la representación de los vecinos “no pudo tomar contacto con ningún documento oficial que acredite que la habilitación provincial fue otorgada”. Es así que el abogado arremetió contra los funcionarios públicos por su responsabilidad “al permitir durante muchísimos años que la empresa funcionara en la irregularidad”.
A la hora de explicar mejor sus palabras en la entrevista realizada por Oscar Pozzi, Maggi dio cuenta de que “los trámites de habilitaciones ambientales se dividen en distintas categorías según la peligrosidad de la empresa. Este tipo de industria es de la tercera categoría, de las más peligrosas y mayor potencialidad de daño en el ambiente y la salud pública”.
“El Municipio tiene que dar el certificado de zonificación apta, que dice que la industria está radicada en una zona adecuada para tal funcionamiento. Es trámite está viciado de irregularidad. El otro trámite, que también es responsabilidad del Municipio, es la cuestión de Seguridad e Higiene en el marco municipal. Una vez que el Municipio otorga la zonificación apta, comienza la intervención del OPDS, fiscalizando el resto de la normativa. Ese paso final, nunca se completó”.
Es así que el abogado destaca que tanto municipio como provincia tienen responsabilidades comunes en estos casos. “El ordenamiento del territorio, el control primario, lo tiene el municipio. Inicia el trámite de habilitación en el municipio para que le indique si la zona donde se va a instalar es apta o no para tal fin. También el municipio tiene el control sobre la Seguridad e Higiene. Cobra un impuesto (NdR: se refiere a la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene) por ello. Entonces tiene que inspeccionarla. Es más, en la causa penal hay un documento que hemos tomado vista, una actuación municipal de 2018 donde dice que la empresa Sigma cumplía con todos los requisitos de seguridad e higiene, que no había ningún impedimento para que la empresa funcione, los hechos mostraron todo lo contrario”, destacó días atrás en la radio Santa María.
“La empresa como Sigma Agro entendemos que funciona desde el año 2013, antes tenía un nombre y un rubro diferente. Ese año, Sigma compró las instalaciones y se abocó a la producción de agroquímicos”, explicó en la mañana del martes a lo que agregó que los funcionarios públicos “tienen una responsabilidad clara en el ejercicio del poder de policía. Los funcionarios municipales deben controlar en qué condiciones trabajan las empresas, más allá de las habilitaciones que hayan sido otorgadas. Los funcionarios deben corroborar que las industrias cumplen con los términos de la habilitación otorgada. Esa responsabilidad de extiende no sólo al hecho de otorgar una habilitación sino también al hecho de ejercer el control de policía en materia municipal”.
De acuerdo a las explicaciones dadas por el abogado de los vecinos, Dr. Fabián Maggi, la preocupación mayor es lograr que el poder ejecutivo provincial y el judicial le den “participación en el proceso de caracterización del sitio”. Esto está relacionado con la remediación del daño causado por el incendio y funcionamiento de la empresa. “Si no hay un control ciudadano, suponemos que puede haber una subvaloración de ese daño”, agregó el abogado.
La investigación la lleva adelante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes y los vecinos, por intermedio de su abogado, pidieron ser contemplados como particulares damnificados. También se habría presentado como particular damnificado es el Municipio, punto que “preocupa” a los vecinos ya que entienden que es “improcedente” la constitución del Municipio como tal por tener responsabilidad en el inicio de la habilitación de la empresa. “Suponemos que el juez rechazará ese pedido del Municipio como particular damnificado”, agregó el Dr. Maggi.
Asimismo, el abogado resaltó que faltan los informes que evalúan los motivos y consecuencias del incendio. No obstante, se habrían comprobado antecedentes fílmicas donde se observan instalaciones eléctricas inadecuadas para el tipo de empresa.
