El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.B.A.) presentó una nota dirigida al director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Dr. Alejandro Vanoli. Allí, se le solicitó que se otorgue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) a los/las abogados que cumplen la normativa, «cesando en la discriminación» para con dicha profesión.
La carta firmada por el Presidente del Col.Pro.B.A y titular del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes, Dr. Mateo Laborde, expresa la «profunda preocupación por el sinnúmero de rechazos que han afectado a abogados y abogadas, que reuniendo los requisitos establecidos normativamente, han visto denegado su pedido de I.F.E por parte de la ANSES».
«La Comisión de la Abogacía Joven de este Colegio provincial nos ha informado que a la mayoría de los/as profesionales afectados en un primer momento les fue aceptada la solicitud, posteriormente el propio organismo previsional les requirió una CBU para poder materializar la transferencia, pero al momento del pago recibieron el rechazo de la ANSES bajo la siguiente leyenda ‘El Ingreso Familiar de Emergencia no le corresponde a los monotributistas no aportantes (ya que aporta a la seguridad social por estar también en relación de dependencia o por pertenecer a una Caja jubilatoria de su profesión). En su caso, usted o algún integrante de su grupo familiar cumple con esta característica’«, agrega y luego hace hincapié en la problemática que viven los jóvenes abogados que están comenzando sus primeros pasos en la profesión y por lo tanto, se encuentran en las categorías más bajas del monotributo.
De acuerdo a la carta, la norma «es clara en incluir como beneficiarios/as a aquellos/as monotributistas categoría A y B, sin agregar nada respecto al régimen de previsión y seguridad social al que aporten. Por lo tanto, no existe en la normativa restricción alguna relacionada con el hecho de estar afiliado a una Caja de Previsión Social para Profesionales».
Es así que solicitan «en forma URGENTE» se proceda a la revisión de todos aquellos casos denegados por la causa invocada, otorgando en consecuencia el IFE a los abogados que cumplen los requisitos exigidos por la normativa. «Así como también le requerimos el inmediato cese en la utilización de este requisito no previsto normativamente para la conclusión de trámites futuros, toda vez que el mismo implica un actuar discriminatorio para nuestra profesión y para el principio de IGUALDAD en nuestra Constitución Nacional y en las Convenciones Internacionales incorporadas a ésta», agregan.
Finalmente, anticipan que podrían iniciar «acciones judiciales» en nombre de todos los abogados que fueron perjudicados.
