El organismo bonaerense apuntó contra las empresas que ofrecen planes de ahorro por el aumento desproporcionado de las cuotas. También le exigió más controles a la Inspección General de Justicia.
La Defensoría del Pueblo bonaerense le exigió a las empresas que administran planes de ahorro para la compra de autos 0 kilómetro que se abstengan de realizar prácticas por fuera de la ley, y que respeten los intereses y derechos constitucionales que protegen a los usuarios y consumidores.
El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino apunta a las sociedades anónimas de ahorro para fines determinados y a las administradoras de planes de ahorro para la adquisición de automóviles, a quienes les pidió que cumplan con las resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) que regulan su funcionamiento.
“Nuestro reclamo es en apoyo a la gran cantidad de usuarios que se acercaron a la Defensoría para denunciar el aumento desproporcionado de las cuotas de sus planes de ahorro, un problema común a la inmensa mayoría que eligieron esta modalidad para comprar un auto. Son incrementos que están por encima de la inflación o el aumento del dólar y que los deja en una situación de vulnerabilidad económica”, sostuvo Lorenzino.
Entre los puntos denunciados por los usuarios aparecen el incumplimiento por parte de las administradoras de planes de la obligación de avisar sobre la suba de las cuotas, no brindar la posibilidad a los adherentes de elegir entre continuar dentro del plan contratado oportunamente o resolver su contrato, y no aplicar las bonificaciones o descuentos que se ofrecen al público en general en las concesionarias por autos del mismo modelo, entre otros.
Además, en su recomendación la Defensoría le pidió a la IGJ, que es el organismo estatal encargado controlar el funcionamiento de las administradoras, que cumpla con sus tareas de inspección para que no siga permitiendo que se produzcan estos aumentos desmedidos y desproporcionados, y que ofrezca soluciones equitativas para terminar con el perjuicio contra los suscriptores de los planes de ahorro.
“Esta situación hace que se pierda la finalidad del sistema de ahorro y que el usuario quede desprotegido, porque las administradoras sólo garantizan que las automotrices sigan vendiendo a costa de los esfuerzos de los ahorristas. Es necesario el respeto de la ley y todos los controles posibles para que esto se termine”, sostuvo Lorenzino.
