Por Cristián Frers* – Más impuestos. ¿Hay déficit? Más impuestos. ¿Las empresas están ganando dinero? Pueden pagar más. ¿El precio de la soja subió? Suben las retenciones. El Estado argentino ha aplicado la misma fórmula durante décadas y se niega a ver el resultado. Desinversión, trabajo en negro, desempleo y un aparato público que sigue creciendo con los fondos que logra recaudar.
Argentina se destaca por contar en la Patagonia con una de las zonas con mayor potencial eólico del planeta, pero además cuenta con recursos eólicos adecuados en otros sitios específicos de todo el país, como la Puna, la pre cordillera y en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Otro factor es la posibilidad de que los distintos parques eólicos puedan conectarse a la red eléctrica, ya que la intermitencia del viento hace que esta fuente sea complementaria de las otras formas de generación eléctrica. En los últimos tiempos, Argentina ha implementado un sistema interconectado nacional, lo que brinda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la energía eólica.
No es lógico poner un impuesto al viento al ser un recurso renovable que no se degrada con su utilización al generar energía eólica.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn confirmó la creación del impuesto al viento. Se trata de un tributo que pagarán las empresas que produzcan energía eólica y que será para todas las que se establezcan en el municipio. Si bien en un principio la medida fue aprobada en enero de este año, recientemente se adhirió al presupuesto aprobado de manera unánime a modo de gravamen.
Este impuesto, originalmente debía ser pagado por las empresas productoras de dicha energía y equivaldría a un 4,5% de la facturación. Esto provocó varias críticas del empresariado, lo cual devino en un cambio en la decisión del monto. Este último se definirá por la superficie y no por facturación a las firmas en general.
Sin embargo, las quejas continuaron, ya que desde las máximas autoridades de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) se expresaron en contra de la medida. Desde la Comisión Directiva se expresó que la “modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, amenazan seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país”.
La ilegalidad manifiesta de la iniciativa de Puerto Madryn radica en que se traduce en una enorme carga para los proyectos renovables, obstruyendo gravemente la continuidad de los proyectos construidos, en construcción y en desarrollo, vía por la cual se comprueba su arbitrariedad y se demuestra el desconocimiento de derechos constitucionales
Vivimos en un país en el que se desalienta el pago con tarjeta de débito a pesar de que formaliza las operaciones. En un país en el que se aprueba una ley de teletrabajo que en lugar de fomentarlo, lo vuelve inviable.
Un país que defiende los derechos de los trabajadores pero no genera trabajo. Millones de trabajadores en negro empujados a la informalidad por un montón de leyes que supuestamente deberían beneficiarlos. En los papeles la legislación laboral está pensada desde la óptica del empleado, pero los hechos demuestran lo contrario.
Se siguen creando impuestos para recaudar, cuando en realidad lo que hay que generar son oportunidades. Oportunidades para que surjan nuevos emprendimientos. Para que los empresarios exitosos sean aún más exitosos. Cuanto más crezcan más crezcan las economías locales, regionales y del país. Más empleo generaran.
Generar cambios en las reglas de juego sobre la marcha nunca es bueno si se busca dar un marco de estabilidad para las inversiones. Es entendible la necesidad de recaudación de los municipios en el contexto post Pandemia del Coronavirus, pero debe entender que de esta forma no van a atraer inversiones a futuro.
Pareciera que nos encontramos frente a una burocracia-política estatal más interesada en perpetuarse en vez de estar al servicio de quienes los votaron. Políticos y burócratas insisten en generar ingresos para el estado sin preocuparse por los perjuicios que causan a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que cuentan con menores recursos económicos…
*Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista)
