Por María Maldonado y Vanina Biassi – Finalmente el gobierno nacional presentó su proyecto de aborto en el Congreso. Luego de nueve meses de demora el anuncio de que la presentación se haría durante el mes de noviembre llegó cuando la Ola Verde volvía a las calles. Conjuntamente ingresa un proyecto al que llamó “De atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” que, como veremos más adelante, no establece ninguna medida seria de protección a las mujeres embarazadas que pertenecen al pelotón de desocupadas, pobres e indigentes en nuestro país.
El proyecto oficial de aborto es una versión bastante parecida a la que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2018 y que está por detrás del proyecto 2019 de la Campaña Nacional en algunos aspectos como el de la objeción de conciencia individual, que aquel no habilita. No olvidemos que admitir esta objeción de conciencia implica admitir que en la salud pública y privada existan médicos que no dan la información adecuada a la juventud cuando necesita acceder a métodos anticonceptivos porque esas prácticas son contrarias a sus idearios religiosos. El ejercicio de la medicina por parte de muchos de estos objetores trae más perjuicios que el enorme que conlleva el rechazo a practicar abortos.
El proyecto oficial contempla el aborto voluntario legal hasta las 14 semanas de gestación, fuera de ese plazo contempla las causales que fueran determinadas por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL en el año 2012, que funciona como una suerte de interpretación del artículo 86 del Código Penal que se remonta a 1921. El derecho a abortar debe habilitarse dentro de un plazo máximo de 10 días desde que la mujer o persona gestante concurre a requerirlo. Se habilitarán consejerías que no serán de carácter obligatorio, a las niñas menores de 13 años no se les requerirá declaración jurada: “en los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”, respetando así convenciones internacionales y lo establecido en el Código Civil, todo una concepción de la niñez y de la adolescencia resistida por las iglesias.
El proyecto de ley es el que supimos conquistar a fuerza de grandes luchas, muchas veces contra este mismo personal político que negó este derecho durante años aunque fue integrante vitalicio de la estructura del Estado. Aún hay que ver la deriva del debate parlamentario, si supera esa fase se iniciarán las instancias judiciales, como ocurre en otros países del mundo en los que el aborto es legal desde los ’70. Los Estados empoderan a los enemigos de los derechos de las mujeres en todo el mundo incluso aquí en donde la lucha fuerza a este gobierno a otorgar este derecho que recogió tanto consentimiento social. Semejante antecedente no puede dejar lugar a dudas sobre la autoría de esta conquista: el movimiento de mujeres y la Ola Verde.
