A través de una conferencias de prensa, las autoridades de la Asociación Judicial Bonaerense de Mercedes junto a la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron la denuncia contra la Jueza de Ejecución Penal N° 1 Marcela Otermín ante situaciones de acoso laboral.
El Secretario de AJB Mercedes, Mariano Romano, junto a Agustín García, secretario gremial de la AJB; Mariano Fernández, secretario de DDHH del gremio; y Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria explicaron y detallaron la situación y actuaciones realizadas desde el gremio ante la Suprema Corte para que la jueza Otermín sea juzgada e investigada por su accionar con los empleados judiciales.
Tras las presentaciones pertinentes, Romano y García explicaron que “con el trabajo desarrollado por el equipo de la secretaría gremial de la AJB realizamos una denuncia por la infracción a la ley 13.168 que sanciona y erradica la violencia laboral que ejerce un magistrado o magistrada en la provincia. Más 29 trabajadores solicitaron el traslado en los últimos años de la dependencia a cargo de la doctora Otermín, 18 de ellos por diferentes problemáticas de salud”.
A su vez, contextualizó las tareas de la Jueza de Ejecución a cargo del “control de legalidad de las personas privadas de libertad en el cumplimiento de su pena, con más de 1100 personas a su cargo”, además de cursar una denuncia penalmente en el departamento judicial de Dolores “por la posible comisión del delito de falsificación ideológica de instrumento público agravado por ser funcionaria”. (NdR: la jueza tiene a su cargo a los detenidos por el Triple Crimen de General Rodríguez que los primeros días de 2016 se fugaron).
“La doctora se ampara en su fuero y tiene incluso un pedido de jury en la provincia. Es una magistrada denunciada de ejercer violencia laboral, de no dar respuesta y no ejercer el control de legalidad en cumplimiento de la pena de los detenidos de la provincia. La denunciamos por todos estos hechos”, destacó Agustín García.
Por su parte, Mariano Fernández destacó que la Jueza “delega trabajo y eso también trae aparejada sobre exigencia y atribución de responsabilidad a funcionarios como si fueran jueces de hecho”. “Lleva adelante una presión que afecta a la salud de compañeros y compañeras. Incluso no respetó la licencia por maternidad de una compañera, la que luego de dar a luz y con su hijo recién nacido recibía expedientes en la casa para ser estudiado y proyectar resoluciones”, ejemplificó.
“Este maltrato justifica que la doctora sea separada preventivamente de su cargo, sin perjuicio que siga avanzando el juicio político que tiene en marcha y que no cabe otra sanción que la destitución”, agregó Fernández. Asimismo, las autoridades de la AJB contaron que la denuncia realizada por el gremio se planteó en octubre. Sin embargo, los empleados judiciales recopilan denuncias desde 2009 donde también se pidió intervención en la justicia.
Por su parte, Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó que “la jueza es autora de graves violaciones de derechos humanos al incumplir con las leyes vigentes. Al negar sistemáticamente derechos de las personas detenidas que cumplen con los requisitos de la ley de ejecución penal agrava sus condiciones de detención. La jueza es una negadora serial de derechos de las personas detenidas. Se ha caracterizado por eso y ha incumplido con la ley de habeas corpus sistemáticamente. Muchas personas han sido golpeadas y trasladadas sin causa alguna y la jueza rechazaba los habeas corpus, no los trataba y cuando lo hacía no participaba de las audiencias delegando y esto no se puede hacer. Se cuestiona la demora y los criterios empleados para la resolución, y que en su accionar violó derechos humanos todos estos años. Lo hemos señalado y denunciado, pero por ahora estamos sin respuesta. Esperamos que la Suprema Corte frente a esta sumatoria de casos, actúe”, resaltó ante los medios locales.
