Por Cristián Frers* – Los temas que integran la agenda ambiental están muy lejos de tener un lugar cercano a las prioridades de las políticas públicas. Sin embargo, la crisis ambiental y ecológica que atraviesa nuestro planeta es cada vez más severa y nos afecta de manera muy directa. Argentina padece desde hace décadas problemas ambientales que le son propios y que nunca han sido abordados de manera sistemática. Nos referimos muy especialmente a los problemas de contaminación de aguas, la ausencia de sistemas de saneamiento, la muy mala gestión de los residuos, por solo mencionar algunos.
El modelo capitalista tiene mucha incidencia en cómo el ambiente está siendo afectado por las decisiones de los gobernantes y los entes privados, en busca del desarrollo del país y de las empresas. Pero, este desarrollo ¿no debería basarse en políticas ambientales? Argentina se caracteriza por ser un país rico en recursos naturales que muchas veces carecen de gestión, en donde las empresas que los explotan determinan su accionar ante ellos. El sistema económico actual promueve, fundamentalmente desde el Estado, que se obtengan la mayor cantidad de beneficios económicos por la explotación de recursos, lo que hace que estos sean llevados hasta sus límites mediante la implementación de prácticas no sustentables y degradantes para el ambiente.
Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas e impulsor de canales de diálogo sostiene que “es imposible salir del pozo en tanto sigamos alentando la confrontación”, y asegura que es necesario buscar consensos pues esa es la piedra fundamental para iniciar los procesos de transformación” que, resultan indispensables para alcanzar todas las metas económicas y ambientales.
Según marca la Constitución son las provincias las que tienen la competencia para autorizar o no el uso de los recursos naturales y de sancionar a quienes incumplan las leyes. El poder de policía está a nivel local. La Ley General del Ambiente establece que el ámbito de concertación federal en materia ambiental es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en el que participan la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a través de las secretarías ambientales. Allí los representantes de cada una de las partes abordan cómo tienen que implementarse las leyes, y otras cuestiones ambientales que no están legisladas, para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina.
Si nos detenemos en el manejo de la basura en la Provincia de Buenos Aires, observaremos que La población, altamente concentrada en el sector urbano (90 %), reporta una cobertura de recolección de Residuos Sólidos Urbanos del 99,8 %, una tasa de disposición final en rellenos sanitarios del 64,7 % y una tasa de generación de 1,15 kg/hab/día de basura.
El 54 % de la población recibe el servicio de recolección en forma tercerizada y el restante 46 % como prestación municipal directa. La cobertura de disposición final en residuos del 64,7 % de la población esconde inequidades geográficas. El remanente 35,3 % de la población cuenta con una disposición final inadecuada: 9,9 % en vertederos controlados, 24,6 % en basureros a cielo abierto. La disposición final del 45 % de la población es atendida mediante servicio municipal directo, contratos de servicios que cubren al 24 % y otras modalidades que cubren al 31 %.
En la actualidad, hay 86 basureros a cielo abierto, reconocidos en la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el de la localidad de Carmen de Areco en donde propongo como idea reconvertir el impuesto de la basura en un impuesto ambiental.
Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas.
La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado (como lo conocemos hoy en día), para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Un principio rector, denominado capacidad contributiva, sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la libertad
Los tributos ambientales son aquellos impuestos, tasas y contribuciones especiales cuya estructura establece un incentivo a la protección ambiental, o bien compensa los daños ocasionados al ambiente por los sujetos que soportan la carga tributaria. El tributo ecológico ideal no producirá recaudación cero.
Lo que yo propongo se basan en impuestos y tasas que ya existen como el de la basura, NO hay que crear nuevos… Les dejo una idea para implementar en Carmen de Areco – Provincia de Buenos Aires, que además de hacerse en los distintos Municipios, también debería llevarse a cabo en las Provincias y en la Nación para que el proceso se convierta en un proceso integral. No deberían crearse nuevos impuestos por el momento, ni sacarle más dinero al contribuyente.
Pregunto: ¿En la localidad se cobra un impuesto para recoger la basura? Si la respuesta es sí, vuelvo a preguntar: ¿Entonces, porque no reconvertir ese impuesto hacia una economía circular? Como hacerlo… Seguramente, el impuesto que se paga deja una ganancia determinada. Lo que propongo es sobre esa ganancia en el corriente año 2022 separar un 20 % para invertirlo en campanas sobre el reciclado de basura, implementar campanas de educación ambiental en las escuelas, incrementar el sueldo en blanco de los empleados de la PLANTA DE RECICLAJE y como mejorar el servicio, ente otras acciones.
Este porcentaje para incentivar el reciclaje en el pueblo debe estar apoyada por ordenanzas municipales que deberían modificar el incremento cada dos años. Si se comienza con el 2022 con un 20 %, en el 2024 debería incrementarse al 30 %, en el 2026, subirlo al 40 %, en el 2028, aumentarlo al 50%, para llegar al 2030 con una inversión del 60% en economía circular. Esta acción llevada a cabo con la basura, también podría implementarse en otras problemáticas ambientales como es el agua y las energías.
*Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
