Por Cristián Frers* – Argentina no posee una política clara en relación al ambiente. Nunca se trazó para todo el país y sus diferentes regiones una línea de trabajo integrada que aborde los principales aspectos como bosques, residuos, glaciares, biodiversidad, cambio climático, políticas y gestión económica entre otros temas. Falta gestión política ya que hay mucho desinterés de parte del actual gobierno y de los anteriores y para los que van a venir, en relación a estos temas.
Lo único que se hace es emparchar y así no se puede avanzar de ninguna forma. El problema no son las leyes en sí sino su cumplimiento. En algunos casos faltaban, pero una vez que aparecieron hay una imposibilidad para aplicarlas. La autoridad de aplicación en cada caso no hace ejercicio de su autoridad y la gente no aplica la ley porque nadie los controla.
El problema de la gestión depende sobre todo de los políticos, que no son diferentes del resto de la sociedad. Los políticos, como el resto de los seres humanos, tienen un comportamiento poco previsor. ¿Cuántos de nosotros se ponen el cinturón de seguridad en los coches por miedo a las multas y no como medida de prevención de un accidente? Con el estado actual del conocimiento, se podrían realizar medidas que evitarían muchos problemas. Sin embargo, en muchas ocasiones se toman decisiones que no es que vayan en contra del conocimiento científico, sino incluso contra el sentido común.
Muchas veces la falta de coordinación y de planificación de las acciones de los gobiernos ha derivado en una total ineficacia de sus políticas, y ha significado, en las cuestiones ambientales y de infraestructura, la necesidad de volver al principio, a cero.
El suelo argentino guarda el recurso natural más codiciado del planeta: el litio, un mineral con muchas propiedades físicas y químicas que se utiliza, en mayor medida, como espesante para grasas lubricantes y que podría reemplazar al petróleo.
En el país, el litio se extrae con minería en salares de Catamarca y Jujuy, mientras que en Salta hay proyectos de exploración. Argentina es el cuarto mayor proveedor mundial de litio, pero la recaudación estatal por su exportación apenas llega al 15% del total minero.
Las empresas extranjeras obtienen el litio y exportan a Asia y Estados Unidos unas 37 mil toneladas anuales, y se estima que la cifra aumentará a 800 mil en cinco años. Sin embargo, si tomamos todas las exportaciones que hace el país, las ganancias del litio representan solo el 0,4%.
¿A qué se debe el desfasaje entre producción, exportación y ganancias?, a que en la década de 1990 se sancionaron leyes que regulan la exploración, extracción y producción minera con enfoque en la venta de materia prima.
Esas normas benefician la inversión extranjera, pero limitan las ganancias de las provincias dueñas de los recursos al 3% de la exportación declarada por las empresas. Además de que habilitan la extracción sin consulta a las poblaciones ni evaluaciones estatales de impacto ambiental.
El país habla de crear un cartel del litio con Chile y Bolivia, semejante al de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El objetivo es coordinar los niveles de producción de los países con recursos de litio para influir sobre el precio. Esto generaría una renta económica mayor para los países productores, precisa el economista argentino. Además, Buenos Aires habla de fijar pautas de buenas prácticas para el desarrollo industrial sustentable y para el desarrollo científico y tecnológico. Estoy convencido que esta idea nace en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en las sillas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ¿Alguien consulto a las Provincias? Porque son las Provincias las encargadas de los recursos naturales según la Constitución Nacional.
Tema con el cual no estoy muy de acuerdo porque el principal problema que tiene Argentina es su poca capacidad para gravar la renta económica que genera la minería de litio y, además el caso de Chile, si bien el modelo es extractivista, su Estado licita la explotación de litio y cobra regalías del 40% a partir de un precio por tonelada. Mientras que, en Bolivia se apuesta a un plan industrialista público-privado para extraerlo y producir baterías. Nadie ha hablado de estos temas, por el momento.
Las muy pocas veces que se han establecido medidas anticontaminación de los cursos de agua, se acciona contra diversas empresas, pero no se tienen en cuenta los basureros a cielo abierto, que siempre se encuentran a la vera de los ríos, o se vierten líquidos cloacales sin tratamiento alguno, o simplemente se fugan efluentes con la complicidad de ciertos funcionarios que se hacen de la vista gorda. Las políticas ambientales, sobre todo aquellas dirigidas a frenar el daño que causa la contaminación, deben ser a todo o nada, es decir, que si se emprende una campaña no se pueden dejar fisuras o empezar por pequeñeces. No sirve llevar los jardines de infantes a juntar papelitos, mientras se deja que una poderosa industria desvíe su efluente contaminante de la planta de tratamiento. No es eficiente hacer un llamado a un plan de producción limpia, al que acudirán los que colaboran, pues aquellos a quienes la producción limpia no les interesa seguirán contaminando libremente.
*Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista)
