Tendrá prisión domiciliaria y estará inhabilitado por 10 años. A dos consejeros escolares y al interventor los condenaron a 2 años de prisión en suspenso y no podrán ocupar cargos públicos por 4 años.
Luego de años de movilización el martes último se dictó sentencia por el crimen de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, los dos trabajadores de la Escuela Primaria N 49 de Moreno que fallecieron tras una explosión producida el 2 de agosto de 2018.
El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó al gasista Cristian Ricobene a 5 años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. Por su parte, el entonces interventor del Consejo Escolar morenense, Sebastián Nasif, y los consejeros escolares Mónica Berzoni y Jorge Galianlos fueron sentenciados a 2 años de prisión de ejecución condicional y inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 4 años.
Después de esperar más de 5 años, el 28 de agosto comenzó el juicio oral por la muerte de Sandra y Rubén, la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela Primaria N°49 «Nicolás Avellaneda» del partido de Moreno y el martes 10 de octubre se conoció el veredicto condenatorio. Por el tribunal pasaron más de 40 testigos desde que se inició el juicio. Sin embargo, en el banco de los acusados no se sentaron los “responsables políticos” de la tragedia.
Estuvieron ausentes funcionarios provinciales como el ex director provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario y el ex director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny. Tampoco fueron llamados la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, el exdirector de Infraestructura Escolar Mateo Nicholson y el ex Intendente de Moreno, Walter Festa.
Los jueces que dictaron condena firme fueron Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel. El gasista Cristian Ricobene fue considerado “autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por ser dos la víctimas fatales”, permitiéndole cumplir la pena con prisión domiciliaria. En tanto que Nasif, Berzoni y Galianlos fueron hallados culpables del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y, según estableció el tribunal, deberán «realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo». No irán a prisión si cumplen con lo dictado por el tribunal.
Tragedia evitable
El 2 de agosto de 2018, una explosión en la escuela EEP 49 del distrito de Moreno se cobraba la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. Es ya de saber público las múltiples denuncias que había realizado Sandra por la existencia de una fuga de gas en dicha institución.
Tras 5 años de espera, fueron decenas las movilizaciones, asambleas y acciones que llevó adelante la docencia para llegar a una condena, pero la situación de infraestructura en las escuelas sigue igual que hace décadas, según denuncias organizaciones sindicales. Sin ir más lejos, en noviembre del 2022 volvió a explotar una cocina de la Escuela Primaria 74 del barrio Yaraví de Moreno.
“Los y las docentes seguimos reclamando por presupuesto para educación acorde a las necesidades para garantizar una educación pública de calidad. Las escuelas siguen teniendo pérdidas de gas, cortes de agua, mampostería que se cae con cada lluvia y ni hablar de los ríos de agua que se forman dentro de las aulas con más de 40 niños y niñas: un hacinamiento atroz que de ninguna forma garantiza calidad educativa. Mientras el gobierno de los YateGate con Insaurralde a la cabeza se pasea por los mares de Marbella en barcos millonarios, las docentes se arremangan el pantalón para sacar el agua y recibir a los niños y niñas. Somos los y las docentes las que sostenemos la escuela pública”, sostuvieron desde una agrupación política sindical.
Colaboración Mariano Oyarzú
