Por AMA (Asamblea Mercedina por la Agroecología) – Hace 5 años, un 27 de septiembre de 2019 la empresa Sigma Agro S.A. derramó un millón de litros de agrotóxicos, a 5 km. de Mercedes. Pese a la sumatoria de pruebas, la Justicia mira para otro lado, desamparando a los vecinos y descuidando la remediación ambiental.
Un 27 de Septiembre del año 2019, la planta fabril SIGMA AGRO S.A. , ubicada en la localidad de La Verde (Partido de Mercedes,Bs. As.), explotó y ardió liberando al ambiente cuantiosas y peligrosas cantidades de agrotóxicos, entre ellos glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metaloclor, clorpirifos, cletodim, atrazina y glufosinato, que se escurrieron hacia el arroyo Balta y consecuentemente al Río Luján, y se infiltraron en el suelo alcanzando las napas, generando un verdadero desastre ambiental y una grave amenaza a la salud de miles de personas. A causa del siniestro, falleció Rubén Ponce, que prestaba servicios a la empresa, por las graves quemaduras térmicas y químicas sufridas al caer en un charco de agrotóxicos y químicos peligrosos ardiendo en llamas.
Durante los procesos judiciales llevados adelante por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, quedaron demostradas las numerosas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, el municipio de Mercedes y los organismos provinciales de control, resultando innegable su responsabilidad en el siniestro y su accionar negligente ante sus gravísimas consecuencias. Solo para citar un hecho, en setiembre de 2023, el Ministerio de Ambiente de la Provincia reconoció que la empresa aún no había cumplido con la caracterización (herramienta de diagnóstico para la gestión del riesgo ambiental) del sitio contaminado, lo cual implica que durante esos 4 años, las enormes cantidades de tóxicos liberadas siguieron esparciéndose y ejerciendo sus efectos dañinos sin control ni medición adecuadas, exponiendo a la población y al ambiente a riesgos desconocidos y potencialmente nocivos.
A pesar de las abrumadoras evidencias sobre la gravedad del siniestro y las responsabilidades de directivos de la empresa y funcionarios públicos, el fiscal Carcagno demoró más de tres años en imputar penalmente a JERÓNIMO JUAN ARAUJO MULLER Y GUSTAVO MARCELO RUFFA (Presidente y Apoderado de Sigma Agro, respectivamente). Una imputación inevitable por la contundencia de los hechos, pero inexplicablemente tardía. El fiscal reconoció entonces que “La empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S….”.
Menos de un año después de dictada esta tardía imputación, el hecho que el fiscal Carcagno haya decidido archivar la causa -en lugar de dictar el sobreseimiento de los imputados como hubiese correspondido si estuviera convencido de su falta de mérito- muestra a las claras su intención de clausurar la totalidad de la investigación penal sobre el luctuoso siniestro, sus consecuencias y sus responsables. Decisión sin duda recibida con alivio por los empresarios y funcionarios cuyo accionar se encuentra bajo la lupa.
“ACA NO PASO NADA” (La Justicia)
Luego del archivo de la causa penal, la Justicia Civil completa el círculo de la impunidad al rechazar la demanda ambiental y declarar abstracta la causa civil en la que se solicita la recomposición del daño ambiental producido por la empresa Sigma Agro en 2019. El pasado 27 de marzo la Jueza Cintia Soto, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes, dictó sentencia definitiva en la causa civil rechazando la demanda.
A pesar de la contundencia de los hechos mencionados, en su cuestionada sentencia la Jueza Soto resolvió “desestimar la demanda entablada y declarar abstracto el reclamo.” De modo francamente insólito, la magistrada consideró que el perjuicio generado por la empresa es “meramente hipotético o conjetural…”, en contra de las apabullantes evidencias que demuestran la masividad y la gravedad de la contaminación producida. Al cerrar la causa sin haberse cumplido con la remediación, la Jueza incurre en una grave arbitrariedad en beneficio de la empresa y la impunidad de su accionar.
Realmente es difícil explicar la concurrencia de funcionarios públicos municipales, provinciales y judiciales para favorecer la impunidad de estos empresarios sin postular la existencia de vínculos político-empresariales espurios. Mientras causaba este verdadero desastre ambiental, las aguas y suelos se contaminaban, las cosechas se perdían, los árboles se morían y los pacientes expuestos a la contaminación se atendían en centros de Salud, la empresa Sigma Agro quintuplicaba su facturación, pasando de 12 millones de dólares en 2017 a 70 millones en 2020. En 2022, la empresa declaró importaciones por un valor CIF de 128 millones de dólares, demostrando que su crecimiento siguió siendo exponencial. Sin embargo, hasta el momento, el único costo que la empresa y sus responsables han pagado por el desastre humano y ecológico que han generado, es una multa de 70 mil dólares impuesta por la autoridad ambiental provincial en el año 2022, lo cual representa menos del 0,5 % de su presunta facturación anual.
Ante la infundada decisión del fiscal Luis Emilio Carcagno de disponer el archivo de la investigación penal vinculada al gravísimo siniestro tóxico ocurrido en septiembre de 2019, el día 28 de Febrero la Organización presentó un pedido de nulidad contra dicha decisión.
El escrito elaborado por el Dr. Fabián Maggi, contiene una sólida fundamentación que demuestra las inconsistencias y arbitrariedades en las cuales ha incurrido el Fiscal Carcagno. Entre otros aspectos, señala que el Fiscal en su resolución, tergiversa el objeto del proceso penal en curso, alejándose de los tipos penales cuya comisión debería ser investigada (la acción de envenenar, adulterar o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, agravada por lesiones y muerte), y pretendiendo reducir la causa al examen de meras infracciones administrativas.
Asimismo, al ordenar el archivo de la causa quiebra la secuencia lógica del procedimiento penal, con la gravosa consecuencia de afectar el derecho de la ciudadanía a su defensa y acceso a la justicia, abriendo la concreta posibilidad de dejar impunes a los responsables de los graves delitos bajo investigación.
Pese a esto, los Ambientalistas Autoconvocados no bajan los brazos. Desde la Asamblea Mercedina por la Agroecología, hacemos eco de estos atropellos y acompañamos a Ambientalistas Autoconvocados, a los vecinos afectados de La Verde y a la comunidad de Mercedes en general, a transitar esta lucha contra una megaempresa y luchando en todas las instancias que sean necesarias hasta lograr Justicia.
Fuentes consultadas: https://ambientalistas.org.ar/
